miércoles, 27 de abril de 2011

Corrupción y poder

Vivir en el País Valenciano hoy y sobrevivir como ciudadana requiere de muchas dosis de autocontrol y sobre todo de sentido del humor. También ayuda a la supervivencia ciudadana la reflexión despojada de partidismos y de la ira que provoca que los gobernantes de nuestro territorio -con Francisco Camps a la cabeza- nos hayan sumido en la miseria política en la que nos encontramos y convertido, de paso, en hazmerreír de toda España. Esta reflexión me ha llevado a algunas conclusiones que en estos días agitados previos a las elecciones, me gusta compartir con la gente que acude a nuestros actos.
La corrupción es un síntoma. La causa es el abuso de poder. Y la paciente enferma es la democracia. Partamos de esta premisa para poder combatir eficazmente la enfermedad. Hace tiempo que el Partido Popular en nuestro territorio ha confundido la mayoría absoluta, con un ejercicio de poder ilimitado a la par que descontrolado. Todos los posibles filtros de control son anulados, entorpecidos o directamente eliminados. Hace tiempo que a los diputados de la oposición se les impide una de sus funciones constitucionales básicas, como es el ejercicio de control de gobierno, hasta el punto de que en poco menos de dos años el Tribunal Constitucional ha condenado por cinco veces a la Mesa del Parlamento Valenciano –dos veces a la Mesa de la anterior legislatura y tres a la de la presente legislatura- por vulnerar el derecho de los parlamentarios y conculcar el art. 23 de la Constitución. Un escándalo democrático sin precedentes que hubiera llenado portadas de diarios y telediarios si hubiese ocurrido en Madrid, Euskadi o Barcelona.
Opacidad, domesticación de los órganos de control, debilidad de los mecanismos de defensa de la democracia, unido a una política basada en el ladrillo, la economía recreativa de grandes eventos que derrochan mucho dinero público en muy poco tiempo, pero no generan riqueza distribuida, ni empleo, ni tienen componente estratégico alguno, son el caldo de cultivo idóneo para la corrupción. La borrachera de poder hace el resto, puesto que instala entre los gobernantes la sensación generalizada de la impunidad. ¡Las urnas me absolverán!
Las voces discordantes son unidas a la red clientelar, se las domestica o cuando son renuentes a la compra-venta de voluntades, directamente se las amedrenta, amenaza, persigue, difama, etc. todo vale en un juego en que se adultera el objetivo de la política –gestionar las políticas y dinero públicos, conforme al ideario y programa de cada uno- para dirigir cualquier acción institucional a la ambiciosa tarea de perpetuarse en el poder, en una confusión constante y consciente de partido e institución. Cada vez menos lugar para la política. Cada vez pesa menos la gente real y sus problemas reales. Solo importa estar en el poder, mantenerse ahí arriba. Cueste, lo que cueste. Caiga quien caiga. Prevarique quien prevarique o malverse quien malverse. A este tipo de fiesta siempre acaban uniéndose algunos corruptores a los que se las trae al pairo quien gobierne, porque su objetivo es llenar sus propios bolsillos. Pueden aliarse con cualquiera con tal de cumplir objetivos. Es en ese momento en el que la política la decide cada vez menos el que gobierna y cada vez más el que pretende extraer beneficios particulares de la cosa pública. En esa calculada estrategia de expolio de las arcas públicas está inmersa la política valenciana. De este latrocinio calculado somos víctimas los ciudadanos y ciudadanas valencianos, que hemos de ver cómo se deterioran nuestros servicios públicos, cómo se construyen infraestructuras inútiles y con sobrecostes insostenibles, que han mermado el erario y elevado exponencialmente nuestra deuda, cómo nuestro territorio ha sufrido el impacto de la especulación urbanística desaforada o cómo han sido depredados nuestros recursos naturales, por poner sólo algunos ejemplos de las terribles consecuencias de una manera obsoleta de entender el poder. El poder sobre las personas, frente al poder ciudadano para hacer, para crear, que es el que reivindicamos.
El problema es que el precio por estos desmanes lo pagamos todos, no sólo en la forma en que enumeraba con anterioridad, sino también con una profunda desafección democrática. Y si la falta de transparencia es la antesala de la corrupción, la desafección democrática unida a una crisis económica como la que estamos viviendo, siempre ha sido preludio de los peores momentos de nuestra historia reciente. Finlandia sólo es un aviso.
Es evidente que en la defensa democrática y la lucha contra la corrupción el componente de ética personal es importante. Pero desde nuestro punto de vista también es posible cambiar las políticas y revertir la situación de desprestigio de la política. Transparencia en la gestión; publicidad de los contratos y procesos de contratación accesible a los ciudadanos; introducción del sorteo en las adjudicaciones públicas como medio de elegir entre diversas opciones que cumplen unos requisitos previos; control de los pagos por caja fija; oficinas antifraude dedicadas a prevenir, disuadir y detectar las posibles irregularidades; elección de los órganos de control de manera que la oposición proponga a la mayoría de sus miembros; participación ciudadana para el establecimiento de prioridades presupuestarias o elección de obras de envergadura; requisitos de transparencia a las empresas con las que contrata la administración; elección de banca ética para colaborar con las administraciones públicas; limitación de mandatos de los cargos públicos; incompatibilidades más rigurosas, etc. son sólo algunas de las propuestas que defendemos y que sin duda mejorarían nuestra calidad democrática y fortalecerían nuestro estado de derecho. En definitiva se trata de algo bastante antiguo pero cuyas motivaciones son actuales: limitar al poder y someterlo a las reglas democráticas. Ni más, ni menos.

Mónica Oltra es diputada de Compromis y miembro del Consejo Asesor de Equo

Fuente: Equo
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Los comentarios serán publicados una vez moderados.