martes, 3 de abril de 2012

Amnistía fiscal

Xaquín Álvarez Corbacho* .-¿Qué es la amnistía fiscal? ¿Un comportamiento excepcional que justifican los Gobiernos -sin mirar la cara de los ciudadanos- para conseguir mayores ingresos? ¿Un favor inteligente que realizan los ministros de Hacienda para beneficiar a los contribuyentes cumplidores? ¿Una oportunidad malintencionada para regularizar la economía sumergida? ¿Qué significa realmente la amnistía fiscal? ¿Una brusca rendición del Estado democrático ante la delincuencia? ¿Un reconocimiento explícito de incapacidad de la Agencia Tributaria para combatir el fraude fiscal? ¿Una vergüenza política? ¿Un insulto a la honradez? ¿Una bofetada a la Constitución española? ¿Qué es la amnistía fiscal?
Una respuesta sensata podría comenzar subrayando dos cuestiones básicas. La primera es mostrar cómo la amnistía tributaria quiebra los principios constitucionales de generalidad, justicia e igualdad, recogidos en su artículo 31.1. La segunda cuestión es recordar el juramento o promesa que todos los miembros del Gobierno realizan en lo que atañe a cumplir y hacer cumplir el texto constitucional. Un argumento menor, pero que también enfada lo suyo, es el coste que va a soportar la cantidad aflorada. Gravar al 10 % esa cantidad es convertir el fraude en privilegio. Recordemos que en el IRPF el tipo mínimo que soportan los beneficios de las empresas personales es el 24 %. Y en el impuesto de sociedades los beneficios de la pequeña empresa se gravan al 20 y al 25 %. La amnistía tributaria tampoco incluye el cobro de intereses, recargos y sanciones que la propia ley establece para el fraude fiscal, garantizando además el anonimato del infractor.
Esta es la tercera amnistía tributaria que se realiza en democracia. La primera (Miguel Boyer, 1984) otorgaba el perdón fiscal si se financiaba el déficit público a un menor coste. La segunda (Carlos Solchaga, 1991) también buscaba financiar la deuda pública con dinero negro a tipo de interés reducido. Los resultados fueron lamentables. Ahora Cristóbal Montoro calcula que aflorará el 10 % de la economía sumergida (25.000 millones de euros) para obtener ingresos por valor de 2.500 millones.
Los resultados también son inciertos por el rigor escaso aplicado a su cuantificación, pero los costes políticos, morales y constitucionales por todas estas operaciones son siempre elevados y difíciles de predecir.
Ya lo decía con esa rotundidad y pasión que la caracteriza la señora De Cospedal ante un rumor periodístico aparecido hace casi dos años. «Rechazamos la amnistía fiscal del presidente Zapatero por impresentable, injusta y antisocial». «A los que pagan impuestos se los suben; a los que no los pagan se les perdonan» (El Mundo, 7 de junio del 2010). Posteriormente, la ministra Salgado desmentía el rumor.

Xaquín Álvarez Corbacho es  Economista, Catedrático de Economía Aplicada de la USC.

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