sábado, 21 de abril de 2012

Asfixia total

*Xaquín Álvarez Corbacho / La Voz de Galicia.- La liquidación del presupuesto del Sergas en el ejercicio 2010 fue de 3.744 millones. Si a esta cifra le restamos el gasto de personal, nos queda una cantidad de 2.045 millones (55 % del presupuesto) que se distribuye cada año entre empresas y actividades diversas. Un reparto que se ignora cuando se habla de la sostenibilidad del sistema. Una cifra preñada de intereses y negocios que los ciudadanos tienen derecho a conocer. Aquí está la industria farmacéutica y las oficinas de farmacia (ambas absorben mas de la mitad de los recursos), las empresas constructoras y las de tecnología médica, los conciertos con centros sanitarios privados, las empresas vinculadas al funcionamiento ordinario de los hospitales (limpieza, seguridad, mantenimiento, ambulancias, gestión de almacén, informática, archivos, etcétera), así como otras compras, suministros y cánones. ¿Están justificados y son eficientes o razonables todos estos gastos?
Por otro lado, resulta absurdo fundamentar la justicia y la progresividad tributaria en la figura del copago, ignorando así los mecanismos que a tal efecto establece la teoría de la imposición. ¿Es justo que la cuantía de la pensión determine el alcance del copago para financiar los medicamentos al margen de rentas, patrimonios y circunstancias familiares (capacidad económica) de los pensionistas? No. La justicia y la progresividad fiscal la determina el sistema impositivo (mediante el subsistema renta/sucesiones/patrimonio), no el copago, que carece de las virtudes necesarias para tal menester. Por eso no existen peajes progresivos en las autopistas, ni tasas académicas progresivas (hasta ahora) en las universidades.
Los problemas financieros de la sanidad pública no deben recaer sobre los pensionistas. Son problemas que afectan a toda la sociedad y que generan prioridades evidentes. Porque existen defraudadores tributarios que trasladan sus fechorías a los demás y sobre los cuales debería recaer todo el peso de la ley. Y existe una industria farmacéutica con protagonismo creciente en los presupuestos sanitarios, sin desmerecer la presencia de contratos público-privados para construir hospitales o centros de salud a precios elevados y endeudamientos no computables. Pero mientras la pensión soporta ya los aumentos del IRPF, del IBI, de la electricidad y ahora del copago, el fraude, el silencio y la amnistía fiscal, resultan insoportables.
Conviene recordar la potencial fuerza política de los pensionistas. Son más de 8 millones y tienen capacidad creciente para poner y sacar gobiernos. Están cada vez más organizados y conocen mejor sus posibilidades. Y, naturalmente, les molesta que alguien los engañe.
Los problemas financieros de la sanidad pública no deben recaer en los pensionistas

*Xaquín Álvarez Corbacho, Economista, Catedrático de Economía Aplicada en la USC

1 comentario:

  1. Pero pronto, con el control sobre los medios, ni siquiera sabremos que nos engañan , ni podremos agruparnos...

    ResponderEliminar

Los comentarios serán publicados una vez moderados.