lunes, 7 de mayo de 2012

Deberes cívicos y políticos

X. Álvarez Corbacho*.- Todos los políticos y gobernantes están obligados a no mentir. Si prometen una cosa y después hacen otra, deben explicar el cambio o el error con argumentos convincentes, y pedir perdón al ciudadano. Si las mentiras son excesivas, los ciudadanos están obligados a corregir esa perversión. La tolerancia social es una virtud que debe mostrar con claridad sus límites. La dignidad democrática se fundamenta en reglas sencillas que todos entendemos y aceptamos. Cuando el presidente del Gobierno dice, con rostro que no se califica, «que el Estado no tiene dinero para financiar los servicios públicos», la respuesta ciudadana debe ser contundente: «Pues búsquelo usted, que haberlo haylo. Los inspectores de la Agencia Tributaria están cansados de repetir la dimensión del fraude fiscal. Reducirlo a la mitad significaría una recaudación adicional de 40.000 millones de euros. Y esa es su primerísima obligación». Los ciudadanos sabemos que lo defraudado por unos lo pagan siempre otros, que en gran parte coinciden con las personas más cumplidoras de sus obligaciones fiscales. O sea, que debemos posicionarnos con firmeza ante el fraude tributario. La indiferencia es aquí un fracaso colectivo.
La economía es una ciencia social. Por tanto, incorpora sesgos ideológicos que deben aflorarse. Al estudiar las relaciones sociales de producción y redistribución del excedente, aparecen las contradicciones, los intereses y las desigualdades. En las ciencias sociales el investigador es juez y parte, lo que introduce limitaciones. La economía no ofrece verdades absolutas ni recetas atemporales. La distribución del excedente no es tarea fácil y exige pactos básicos, así como la intervención del Estado, para soluciones pacíficas. El nivel civilizatorio de un país se expresa en función del conocimiento que los ciudadanos tienen de estas cosas y de su posición relativa en las mismas. La experiencia europea de los últimos 200 años aporta abundantes y útiles conocimientos.
Adelgazar el Estado mediante la privatización de empresas públicas o a través de la gestión privada de infraestructuras y servicios es siempre obsesión neoliberal. Su justificación teórica es la eficiencia y la racionalidad. Pero el intercambio de políticos y directivos de empresas, sus cuantiosas retribuciones, así como los beneficios empresariales generados, desmienten esa afirmación. El negocio es la prioridad.
El Gobierno intercambia recortes actuales por empleo futuro, pero estima más paro en el 2015 que en el 2011. Por eso nos debe una explicación. Pero tampoco habla de la deuda privada ni del modelo productivo que va a generar ese empleo. ¿Hasta cuándo este maltrato al pueblo soberano?

*Xaquín Álvarez Corbacho, Economista, Catedrático de Economía Aplicada en la USC
 

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