lunes, 28 de mayo de 2012

Motivos para la desobediencia civil


José Antonio Pérez - ATTAC Madrid
¿Debemos obedecer las leyes cuando quienes las promulgan y aplican se conducen de manera inmoral? ¿Debemos seguir pagando impuestos cuando se destinan a fines inmorales? Con el Rey a la cabeza, los representantes del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, se están comportando de manera tan indecorosa que sobrepasa los límites del espectáculo.
Tras su escandaloso desplome, Bankia, la entidad financiera llevada a la bancarrota por los gestores políticos del Partido Popular va ser salvada por el Estado. Algo que no podrán decir los enfermos que mueran por falta de asistencia sanitaria. El ministro Luis de Guindos ha anunciado en el Congreso que el Estado, a través del FROB, “apoyará plenamente cualesquiera necesidades de capital que tenga la entidad”.
O sea, que hay dinero para Bankia pero no lo hay para la Sanidad ni para la Educación públicas, que están sufriendo severos recortes presupuestarios. ¿Recuerdan cuando Mariano Rajoy pedía “unos pocos euros al mes” refiriéndose al tope que deberán pagar los pensionistas por los medicamentos en función de su renta? Un esfuerzo, decía, “necesario e imprescindible, porque en este momento no hay dinero para atender el pago de los servicios públicos. No hay dinero porque hemos gastado muchísimo en los últimos años”.

Pero hay dinero a espuertas para Bankia. En un primer momento, Guindos estimó que necesitará 9.000 millones de euros adicionales entre capital y provisiones, el grueso de los cuales serán aportados por el sector público. Pero todo apunta a que la inyección final será de alrededor de 23.000 millones de dinero del contribuyente. La aportación de dinero público en Bankia, supone:
Dos veces el tijeretazo a sanidad y educación. Equivale prácticamente a la mitad de todo el esfuerzo dramático que se está llevando a cabo para rebajar el déficit del nuevo dato del 8,9% al 5,3% impuesto por Bruselas.
Cuatro años de todo lo que se gasta en investigación: La inyección en Bankia equivale a multiplicar por cuatro todo el dinero que el Estado gasta en investigación en un año.
El 80% de la factura de la deuda: La crisis, que primero aumentó el volumen de deuda del Estado y la llevará hasta el 79% del PIB a final de este año, ha incrementado también con fuerza el dinero que se debe destinar a pagar los intereses por financiarse ante el aumento de la desconfianza sobre España. Este año, a esta partida se destinarán 28.800 millones de euros. La paradoja es que, en lugar de endeudarse para invertir en áreas productivas o en investigación, la mayor parte de este dinero se tiene que destinar a pagar vencimientos de deuda anterior. Entre la deuda a corto plazo (letras) y los bonos, que son emisiones a largo, el país tiene que devolver unos 145.000 millones de euros a lo largo de este ejercicio. Fuente: El País.
Mientras tanto, se descubre que Hacienda le concedió al banquero Botín tiempo suficiente para regularizar sus cuentas opacas y esquivar el delito fiscal. Emilio Botín, su hermano Jaime y todos sus hijos se han salvado de la cárcel y de unas fuertes sanciones gracias a la benevolencia de la Agencia Tributaria —implacable perseguidora del contribuyente que cometa el menor desliz— que, en junio de 2010, en vez de mandarles a la inspección les concedió un tiempo precioso para regularizar su situación. Los Botín pagaron 200 millones de euros sin ser sancionados. Ahora, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu archiva la causa confirmando en el auto que esta regularización basta para conceder la llamada “excusa absolutoria”.
Cuando la Justicia es un cachondeo
En 1985, el alcalde de la ciudad de Jerez, Pedro Pacheco, pronunció una frase que ha hecho historia: “la Justicia es un perfecto cachondeo”. En 2012, la afirmación mantiene plena vigencia por obra y gracia del presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar. Cuyo comportamiento ha colmado el vaso de la credibilidad de la Justicia.
Así que no es de extrañar que otro juez corrupto se acabe de librar de la cárcel pese a haber sido condenado por soborno. En abril de 2007, el exmagistrado de Marbella (Málaga) Francisco Javier de Urquía cobró 60.000 euros de Azan Khan, un imputado en el caso Hidalgo de blanqueo, a cambio de dejarle en libertad bajo fianza tanto a él como a su esposa y a su hijo. Condenado por soborno, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha librado a Urquía de entrar en prisión para cumplir una condena de dos años por este delito. 
Recortes para todos, menos para la Iglesia y el Rey
La Iglesia Católica seguirá sin tener que pagar por ley el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y no tendrá tampoco que sufrir ningún recorte presupuestario en la cantidad que recibe del Estado. La mayoría absoluta del PP y el apoyo de CIU han vuelto a frenar la propuesta de la izquierda política para que también la Iglesia participe de la austeridad generalizada.
Según IU, el Estado entrega a la Iglesia Católica más de 9.000 millones de euros anuales entre portaciones directas e indirectas: asignaciones tributarias vía IRPF, exenciones en distintos tributos, financiación de personal que imparte religión católica y de centros de ideario católico, transferencias para asistencia sanitaria y obra social, financiación de funcionarios capellanes, mantenimiento de patrimonio artístico de su propiedad, y otras subvenciones y financiación de eventos religiosos o para asociaciones de ámbito local.
La austeridad impuesta a los españoles tampoco se aplicará al cazador mayor de elefantes del Reino, el augusto suegro de Iñaki Urdangarín. Los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, se han negado a rebajar la asignación de la Casa del Rey. En 2012 la familia real percibirá 8,26 millones de euros, un 2% menos que en 2011. El diputado Joan Tardá, de ERC, ha criticado que el monarca cobre “cien veces más” que el presidente del Gobierno y gane en un solo día lo mismo que un mileurista en todo un año.
El ciudadano que proteste cívicamente en la calle contra este repugnante panorama se encontrará con la represión policial. La única respuesta que es capaz de dar un Estado caído en manos de los auténticos antisistema: los que corrompen el sistema democrático.
El informe anual de Amnistía Internacional sobre El estado de los derechos humanos en el mundo da cuenta de las informaciones que denuncian “el uso excesivo de la fuerza” contra las manifestaciones del 15-M, también conocido como los indignados. Aún así, debemos perder el miedo. No hay policía suficiente para hacer callar al inmenso conjunto de parados, precarios y gentes de todo tipo y condición empobrecidas por esta banda organizada de sinvergüenzas con puñetas.



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