martes, 26 de junio de 2012

Un sistema en crisis por la Especulación Inmobiliario-Financiera.



Un sistema en crisis por la Especulación Inmobiliario-Financiera.

Un trabajo de Manuel Lago y Julián Valiente*

1. Introducción
2. La especulación inmobiliaria/Financiera es el origen del problema
3. El problema de la liquidez
4. El problema de la solvencia
5. Las reformas incompletas


1. Introducción
El sábado 9 de junio el gobierno solicitó a la Unión Europea los fondos para rescatar al sistema financiero español, o por lo menos a una parte de él. 


Aún no se sabe la forma en la que se va a materializar este rescate bancario, y por lo tanto nada se conoce de quien y como va a aportar los recursos, cuantos miles de millones de euros serán necesarios, cual va a ser el tipo de interés y el plazo de devolución, si la “condicionalidad” va a ser solo financiera o también macroeconómica, cuales van a ser los mecanismos de control europeo, como inyectará el estado los fondos en las entidades, cual va a ser el proceso de reordenación de sistema bancario, como afecta el rescate a las emisiones de deuda y un largo etcétera de interrogantes que hacen difícil estimar las repercusiones del rescate, tanto en el sistema bancario como en la economía española en el futuro próximo, que, en cualquier caso serán negativos. 



Por eso, antes de conocer y valorar lo que va a venir es necesario saber porque estamos donde estamos. Esto es, cuales son los problemas del sistema financiero español que lo han llevado a esta situación de crisis. Aunque hay que decir que dentro de sistema financiero coexisten entidades con más problemas que otras, y que la generalización es un error, aunque obviamente la cifra global de la que se habla, hasta 100.000 millones de euros, indica que es una parte sensible del sistema la que va a recibir fondos para su recapitalización.


2. La especulación inmobiliaria/ financiera es el origen del problema 


El sistema financiero español tiene un enorme problema de credibilidad del que se deriva una falta de confianza, dentro y fuera del país, que nos ha llevado al desastre de tener que negociar con la Unión Europea un plan de rescate, en principio solo para el sector financiero pero que sin duda alguna va a contaminar al conjunto de la economía del país y condicionar la política económica del gobierno.


Esta falta de credibilidad está provocada por las dudas sobre la situación real de las entidades financieras, el papel del Banco de España como organismo de supervisión y control, la transparencia y fiabilidad de la información y la propia capacidad de respuesta del gobierno para enfrentarse a la situación. 


Lo que está puesto en cuestión es tanto la situación de liquidez como la propia solvencia del sistema financiero. Esto es, su capacidad para disponer de los recursos que le permitan cumplir con su calendario de vencimientos por un lado y su situación patrimonial amenazada por los problemas de valoración de una parte no menor de sus activos por otro. 

Y en los dos casos el origen del problema es el mismo: su irresponsable comportamiento en la generación de la burbuja inmobiliaria que sufrió nuestro país desde la mitad de los 90 hasta que estalló en 2008. Un comportamiento irresponsable que contó con la complicidad del Banco de España y de los sucesivos gobiernos de Aznar y de Zapatero. 


Una idea de la absurda vorágine financiera inmobiliaria que vivió España en los últimos 16 años, pero especialmente entre el año 2000 y 2008, la proporciona la estadística de hipotecas constituidas sobre viviendas que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE). 



Se trata de una serie en la que se recogen las fincas hipotecadas según la naturaleza de las mismas, lo que permite conocer cuántos créditos hipotecarios se formalizaron sobre viviendas y en que cuantía. 



Es, sin duda, el indicador más adecuado para el análisis de la burbuja inmobiliaria/financiera porque además de las operaciones con viviendas de nueva construcción también se incluyen las hipotecas formalizadas en compraventas de viviendas usadas o cualquier otro tipo de refinanciación con garantía hipotecaria. 

Es por lo tanto el volumen de operaciones y la cuantía de las mismas realizadas por los bancos y cajas de ahorro. Y los datos no pueden ser más apabullantes. Desde 1996 a 2011 se formalizaron en España casi 12,5 millones de créditos hipotecarios por un importe total de más de 1,3 billones de euros.


Hay que introducir un matiz y es que aquí se registran las hipotecas constituidas sin tener en cuenta las que se cancelaron en ese periodo, de tal forma que el valor neto de las hipotecas constituidas en cada ejercicio es menor. Pero para nuestro análisis este es el valor que hay que tomar: el brutal, casi absurdo, flujo de recursos aportados por los bancos y cajas para financiar la burbuja inmobiliaria.

 
La aceleración de la burbuja se produce a partir del año 2000, ejercicio en el que se superan por primera vez los 600.000 créditos hipotecarios sobre viviendas y alcanza su máximo valor a partir de 2004, año en el que se cruza el umbral de 1.000.000 de hipotecas. El punto máximo de este disparate económico, social y financiero se alcanza en el año 2006 cuando se formalizaron más de 1.342.000 hipotecas por un importe de casi 190.000 millones de euros. 

A partir de aquí la vorágine especulativa pierde algo de fuelle y estalla definitivamente a partir de 2009, aunque todavía en 2010 se formalizaron más de 600.000 créditos por un importe de 71.900 millones de euros. 

Aunque es cierto que la mayoría del país, de sus instituciones, desde luego sus entidades financieras, no quisieron ver el enorme riesgo que este comportamiento irracional tenía sobre la estabilidad económica y financiera del país, si hubo colectivos que ya lo denunciaron en ese momento. 

Uno fue el movimiento sindical, que desde el inicio de lo que se denominaba “milagro económico español” denunció de forma reiterada las debilidades y riesgos de un modelo basado en la especulación inmobiliaria y los servicios de bajo valor añadido. 

Pero no eran los únicos. Hay otro colectivo que debe ser especialmente destacado en este momento porque está puesto en entredicho en una maniobra de distracción para eludir las responsabilidades en la crisis de los verdaderos causantes de la misma. 
Se trata de los inspectores del Banco de España, el cuerpo de funcionarios encargado de realizar en la práctica las tareas de control y supervisión de las entidades financieras. Este colectivo, integrado en la Asociación de Inspectores del Banco de España, envió una extensa carta a Pedro Solbes, vicepresidente del Gobierno el 26 de mayo de 2006 para denunciar la pasividad del Gobernador del Banco en aquel momento, Jaime Caruana. De esta carta, que está llena de instrumentos de análisis, reflexiones y denuncias, es especialmente destacable para este documento los siguientes párrafos: 

“Por otro lado, este desmedido crecimiento del crédito bancario, destinado en su mayor parte, a la financiación de la actividad inmobiliaria en todas sus fases –y, a nuestro entender, una de las causas principales de la extraordinaria subida del los inmuebles en España-, ha acabado provocando otro tipo de problemas en las entidades de crédito españolas. Recientemente, algunos riesgos típicos del negocio bancario, como el riesgo de tipo de interés o el de liquidez, se han visto incrementados de forma muy acusada por la necesidad de las entidades de crédito de acudir al ahorro exterior para conseguir los fondos necesarios para financiar el crecimiento de su inversión crediticia. 

Debido a que el incremento del pasivo tradicional –los depósitos bancarios- ha demostrado ser insuficiente para dar contrapartida al acelerado crecimiento del crédito, las entidades españolas han tenido que buscar fuentes adicionales de liquidez, y lo han hecho acudiendo a los mercados financieros de la zona euro, aprovechando las posibilidades que proporciona la moneda única. Para ello han recurrido principalmente a tres vías de financiación “no tradicionales”: la emisión de “títulos híbridos de capital”, -participaciones preferentes, deuda subordinada, etc.-; la segregación en títulos, para su posterior venta, de una parte de los activos de sus balances (es decir, titulizando activos); y, por último, captando liquidez a través del endeudamiento a corto plazo en los mercados interbancarios de la zona euro” 

“De ser esto así, las entidades de crédito españolas estarían operando sin afectar suficientemente sus cuentas de resultados con los cargos por provisiones necesarios para hacer frente a la pérdida esperada de sus carteras, por lo que, salvo que los gestores de las entidades hubieran decidido unilateralmente retener una parte de los beneficios de las sociedades que dirigen en forma de reservas, es previsible suponer que el nivel de solvencia de estas acabe viéndose afectado una vez cambie la coyuntura y se manifieste el riesgo latente en sus carteras.”

3. El problema de la liquidez 

Entre 1996 y 2008 los bancos y cajas incrementaron su volumen de créditos hipotecarios en 936.962 millones de euros (155 billones de pesetas), una cifra brutal, que equivale a casi el 100% del PIB español. Como el ahorro interno no podía financiar este absurdo proceso de enladrillamiento, los bancos y cajas acudieron a los mercados mayoristas de crédito en el exterior para conseguir los fondos que necesitaba para inflar esa disparatada burbuja inmobiliaria.

 
La deuda de las entidades financieras españolas con el exterior, fundamentalmente bancos de otros países, alcanzó un valor máximo en 2009 con 783.000 millones de euros, una cifra equivalente a casi el 80% del PIB español. 

Una cifra muy alta a la que se llega de forma muy acelerada. En el año 2002 la deuda era de 312.000 millones y sólo siete años después alcanza ese máximo. 

Aumentó por lo tanto en 471.000 millones de euros, una cifra que equivale a un crecimiento de más de 250% en ese periodo lo que demuestra el inusitado ritmo de recurso al crédito externo de las entidades españolas. 

Los años de mayor crecimiento son obviamente los mismos en los que la concesión de créditos hipotecarios son también los más altos y se concentran en el trienio 2006/2008. En estos tres años la dependencia del crédito exterior aumentó en casi 300.000 millones de euros. En esa época existía una superabundancia mundial de capital en el ámbito financiero, unos intereses muy bajos, una prima de riesgo prácticamente inexistente lo que unido a la liberalización de los mercados provocó un enorme flujo financiero hacia España.

Un proceso irresponsable, casi irracional, con múltiples complicidades. El sistema financiero español se convierte en una especie de aspiradora que absorbe una parte importante del ahorro europeo para dárselo a promotores inmobiliarios, y familias, para enterrarlo en ladrillo. 

En esa vorágine, casi orgía, del crédito, ganan en el corto plazo los bancos europeos, que colocan sus excedentes en el mercado financiero español, ganan los bancos y cajas españoles, que al multiplicar las operaciones disparan sus beneficios, ganan los directivos bancarios, con retribuciones variables y bonus, ganan todos los intermediarios y comisionistas financieros, todos los tasadores, notarios y registradores, ganan las administraciones, en especial las locales, ganan sobre todo los promotores inmobiliarios y los propietarios de suelo, ganan los que especulan con la vivienda comprando y vendiendo en construcción. Ganan todos estos, pero pierden los ciudadanos y pierde el país. 

Los primeros, porque este flujo brutal de recursos tiene como consecuencia un incremento igual de brutal de los precios de la vivienda lo que provoca que muchas familias se tengan que endeudar para toda su vida con préstamos a 25 años por un importe elevadísimo, que les obliga a destinar una parte muy importante de su renta al pago de la amortización. 

El país, porque en estos años locos se impulsó un falso modelo de crecimiento basado en el monocultivo de la especulación inmobiliaria y de los servicios de bajo valor, que era injusto, desequilibrado, ineficaz e inviable y que al desmoronarse a partir de 2008 ha sido uno de los factores más determinantes de la durísima crisis que estamos sufriendo. 

Para valorar mejor la relevancia cuantitativa del endeudamiento en el exterior de nuestro sistema financiero es bueno compararlo con las cifras de la deuda pública, entre otras cuestiones porque hasta hace apenas un mes parecía que la deuda soberana era el principal sino único problema que teníamos en España. 

En el año 2009, la deuda bancaria en el exterior alcanzó su máxima con 783.000 millones de euros y en ese año la deuda pública española total, interna y externa, era de 565.000 millones de euros, esto es un 30% inferior. Es cierto que desde entonces la deuda bancaria bajó y la pública subió, entre otras razones porque el estado está asumiendo pérdidas del sistema financiero, pero aún así con el último dato conocido, el de final de 2011, la deuda bancaria es de 716.000 millones y la deuda soberana de 756.000, apenas un 4% superior. 

En todo caso, existe una irresponsabilidad compartida en el mercado financiero porque los bancos y cajas españolas se aprovecharon de los excedentes financieros europeos para inflar la burbuja inmobiliaria y su propia expansión territorial y la banca europea utilizó a las entidades españolas para rentabilizar al máximo sus carteras de inversión. 

Y aquí nace el problema de la liquidez. Porque las entidades españolas se endeudaron en Alemania, Francia, Holanda y otros países vendiendo cédulas hipotecarias con plazos de vencimiento medio de entre 3 y 5 años con los que financiaron en España hipotecas con plazos de devolución de entre 20 y 30 años. 

Dada la diferencia entre el período de cobro y el de pago y las dificultades de refinanciarse a partir de 2008 en unos mercados secos y sobre todo desconfiados, el sistema financiero español, entre otros, se vio en una situación crítica en las que se acercó varias veces al colapso a lo largo de 2010 y 2011. Esto es, a no poder cumplir con sus compromisos de pago. Como estos problemas de liquidez afectaban a más países, y por lo tanto al propio sistema financiero europeo, el Banco Central Europeo los resolvió, al menos temporalmente, inyectando un billón de euros, en préstamos a tres años y al 1% de interés. Los bancos y cajas españolas se beneficiaron de esta aportación de fondos públicos por un importe de 250.000 millones que, sin embargo, no han utilizado para facilitar el crédito a empresas y familias y, por lo tanto, para recuperar la actividad económica.
 
¿Qué han hecho con esa ingente cantidad de recursos? Pues, dada su situación de falta de liquidez, han vuelto a depositar en el BCE más de la mitad de esos fondos y el resto, unos 108.000 millones, los han destinado a comprar deuda pública. Esto es, en lugar de utilizar estos recursos para financiar la actividad se los guardan para resolver sus problemas internos. 

En lugar de aportar liquidez, la absorben (del BCE, de los depósitos de clientes,…) acaparándola para garantizarse los fondos que necesitan para cumplir con sus vencimientos. El resultado es la restricción extrema de acceso al crédito que están padeciendo las empresas, en especial las pequeñas y medianas, y las familias.
 
Como se puede comprobar en el último Boletín Estadístico del Banco de España, abril de 2012, el crédito a las empresas para la financiación de circulante esta en un mínimo histórico. 

Lo que se denomina crédito comercial, que es el que financia la actividad corriente de las empresas, su día a día, no ha dejado de bajar hasta llegar a poco más de 44.000 millones de euros. 

En el año 2007 se alcanza un máximo y las empresas disponían de 90.842 millones de euros en créditos comerciales, pero este volumen de financiación no deja de bajar años tras año hasta caer más del 50% 

La consecuencia de esta práctica es el estrangulamiento financiero de la economía productiva y la asfixia de las empresas. El sistema financiero que fue en gran medida el responsable del inicio de la crisis es hoy el gran culpable de que no salgamos de la recesión, porque sin reconstruir el flujo del crédito la recuperación es imposible. 

4. El problema de la solvencia 

Además de la liquidez nuestro sistema tiene un grave problema de solvencia. Esto es, que si se ajusta el valor por el que están contabilizados los activos en los balances de los bancos a su valor real actual se provocarían pérdidas tan elevadas que muchas entidades pasarían a tener fondos propios negativos. Esto es, estarían en quiebra, serían insolventes. 

A 31 de diciembre de 2011 los prestamos hipotecarios vinculados a la construcción alcanzaban los 983.000 millones de euros, de los cuales 676.000 eran prestamos concedidos a las familias y el resto, 307.000 millones, a los promotores inmobiliarios. Y es en el valor real de estos préstamos, que están financiando la compra de suelo, promociones de viviendas, unas aún en construcción y otras terminadas pero no vendidas, donde se concentra el problema de solvencia. 

Porque una parte relevante de estos prestamos no van a ser pagados por las empresas promotoras. De hecho a final de 2011, y por lo tanto antes de las dos primeras reformas del ministro Guindos, las entidades bancarias tenían contabilizados como créditos dudosos 184.000 millones de euros. Para cubrir el riego cierto de impago las entidades tenían dotadas provisiones por un importe de 63.000 millones de euros. Esto es, ya habían contabilizado en sus cuentas de resultados de los últimos años perdidas por este importe. El problema es que esta cifra está por debajo de la realidad. 

Aceptando las estimaciones del Ministerio de Economía en sus dos reformas, la de febrero y la de mayo, las entidades tienen que provisionar antes de finalizar el año más de 82.000 millones de euros solo en el crédito a promotores. 

Sin embargo lo que se está conociendo de la realidad de Bankia señala que además de este aumento de las provisiones al crédito promotor, los bancos y cajas tienen que asumir también perdidas en otros activos. La enorme dureza de la crisis y su extraordinaria duración, la recaída en una doble recesión provoca problemas de insolvencia en empresas y familias que se traducen en la incapacidad de cumplir sus compromisos de crédito, lo que se traslada a perdidas en los resultados de las entidades financieras y deterioro de sus balances.

Estamos hablando de los créditos a las familias para la compra de viviendas, que aún tienen una morosidad baja pero creciente; de los créditos a las pequeñas y medianas empresas del resto de sectores fuera de la construcción. Y también de las participaciones que los bancos y cajas tienen en las grandes empresas, entre ellas las cotizadas en bolsa, que valen bastante menos que cuando las compraron. 

Determinar cuál es la cifra de pérdidas que tiene que asumir el sistema financiero español para sanear su balance es, a día de hoy, una tarea imposible, tal y como ha demostrado el ministro Guindos en el caso Bankia pasando de 4.000 a 23.000 millones de euros en apenas una semana. Pero existe un cierto consenso en el sector, sirva de ejemplo el informe de la Asociación Mundial de la Banca (IFG son sus siglas en ingles), de que el saneamiento a día de hoy se sitúa en el entorno de 100.000 millones de euros. 

Una parte de esta elevadísima factura puede, y debe, ser pagada de forma inmediata por los bancos y las cajas asumiendo una dotación extraordinaria de provisiones contra su cuenta de resultados. Pero no toda. Porque el nivel de beneficios que genera el sector está muy por debajo de esta cifra.


Las entidades financieras españolas han alcanzado su máximo volumen de beneficios en el año 2007 con unos resultados después de impuestos de cerca de 26.000 millones de euros. Desde entonces, y a caballo de los menores márgenes financieros y sobre todo del aumento de provisiones por insolvencia su resultado no ha dejado de caer hasta poco más de 7.700 millones en 2011. 

Es cierto que esta es una cifra agregada del conjunto de entidades del país y que no es igual la situación de los diferentes bancos y cajas. Los hay en situación de pérdidas contables y los que tienen resultados positivos. 

Pero en todo caso resulta evidente que tomado en su conjunto el sector no puede cargar contra su cuenta de resultados las provisiones de los dos decretos de 2012, que en su conjunto alcanzan una obligación de 82.000 millones de euros. 

Ni siquiera será posible realizar las provisiones contra reservas porque el patrimonio neto del sector es de 232.195 millones de euros y en la mayoría de los casos apenas llega para cumplir con los requisitos de “core” capital ya exigidos. 

Esto hace obligatorio la aportación de recursos externos que en la actual situación solo pueden ser de carácter público, por un importe que muchos estiman en no menos de 60.000 millones de euros, dentro de los cuales se incluyen los ya comprometidos en Bankia. 

Y es aquí donde aparece la necesidad de recurrir a la petición de rescate de la Unión Europea. Las dificultades del Estado para endeudarse en los mercados emitiendo deuda de forma ordinaria lo ha forzado a solicitar un mecanismo de financiación extraordinario, al margen del mercado, de las instituciones europeas para cubrir las necesidades de capitalización de una parte de las entidades financieras españolas. 
La petición de financiación extramercado, de la que se va a derivar el cumplimiento de una serie de condiciones bancarias y posiblemente macroeconómicas, es por un máximo de 100.000 millones de euros, que se vehiculizarán a través del FROB que los inyectará a su vez en las entidades que lo soliciten en forma aún no definida.

5. Las reformas incompletas

En cualquier caso, el recurso directo a los fondos institucionales europeos, cuatro años después de iniciada la crisis, más de tres años después de que otros estados sanearan sus bancos y seis meses después de que Rajoy ganara las elecciones y realizadas dos reformas, calificadas en su momento como definitivas, es la demostración del profundo y gravísimo fracaso del gobierno actual y del anterior para resolver el problema más grave de la economía española. 

Porque el saneamiento del sistema financiero era, y lo peor es que lo sigue siendo, la reforma prioritaria, la fundamental, la que tenia que haber sido abordada desde que estalló la crisis. Entre otras cosas, porque el detonante de la Gran Recesión iniciada en 2007 fue la crisis de un modelo de negocio financiero hipertrofiado, especulativo, globalizado y desregulado. 

De forma sorprendente el gobierno de Zapatero acató el discurso del lobby financiero español de que nuestros bancos y cajas eran las entidades más sólidas del mundo y que por lo tanto en España no hacia falta ningún tipo de reforma. Así mientras que Alemania, Francia, Holanda, Gran bretaña, Italia o Estados Unidos sanearon sus bancos, aquí el gobierno se dedicó a reformar las pensiones o el mercado laboral. 

Las consecuencias de este gravísimo error aún no las hemos acabado de pagar. Porque la economía española no es capaz de salir del bucle de la recesión en gran parte porque la situación de las entidades financieras bloquea el acceso al crédito a familias y empresas. Pero sobre todo, porque el deterioro de los bancos y las cajas ha provocado el temido rescate, intervención en realidad, del sistema financiero en primer lugar y, de forma inducida, de la economía española en su conjunto 

Y sin embargo esta situación se podría haber evitado. Porque era cierto que las entidades españolas no tenían en sus balances los activos tóxicos provocados por las hipotecas”subprime” o los paquetes estructurados que obligaron a rescates multimillonarios de entidades en toda Europa y Estados Unidos.

Pero si que teníamos una situación de riesgo: la enorme exposición de las entidades al crédito inmobiliario porque bancos y cajas fueron los principales responsables en inflar la burbuja inmobiliaria española. Si nuestro problema inmobiliario/financiero se hubiera abordado cuando estalló la burbuja habrían sido necesarios muchos menos recursos, se habría podido evitar en parte el desplome de la construcción y por lo tanto el deterioro del valor de los activos inmobiliarios y en consecuencia la propia crisis financiera. 

Y se hubiera hecho además en un momento en que tanto los mercados como las autoridades europeas se mostraron enormemente complacientes y comprensivos con las ayudas públicas a las entidades financieras en crisis. 

Nosotros no lo hicimos y los cuatro años que llevamos de crisis han provocado un gravísimo deterioro en el valor de los activos inmobiliarios, en especial en el suelo comprado de forma masiva y a unos precios absurdamente elevados. Un deterioro de valor que inevitablemente se traslada a los balances de las entidades financieras y que finalmente nos ha llevado al rescate. 

La reforma financiera en España se hace tarde y además mal. Al gobierno Zapatero le costó demasiado tiempo asumir la necesidad de reformar el sistema. Su principal decisión fue crear el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) con una dotación inicial menor pero con la capacidad de llegar a endeudarse hasta 99.000 millones de euros más, casualmente la misma cifra que tres años después alcanza el rescate europeo. 

Sin embargo fueron tres años perdidos, porque el proceso de reordenación del sector no fue más allá del negativo proceso de bancarización de las cajas de ahorro y de una serie de fusiones entre cajas que se ha demostrado, Bankia como principal ejemplo, fracasado. 

Y la cosa ha ido todavía peor con Rajoy de presidente, hasta el punto que ha sido él quien ha solicitado el rescate. Las dos reformas pilotadas por Rajoy son un cúmulo de errores que han sido criticadas duramente hasta por la Comisión Europea y el propio BCE.

El primer error es no entender que la reforma tiene que ser compatible con que los bancos y cajas den crédito a las empresas y las familias. Y sin embargo las reformas Guindos tenían como elemento central obligar a aumentar las provisiones por deterioro de los activos contra las cuentas de resultados de las entidades, lo que inevitablemente se traduce en mayores restricciones al crédito.

El segundo error fue minusvalorar el importe real de saneamiento. Lo hizo Zapatero y lo repite Rajoy. Hasta el cambio de gobierno el FROB había aportado 13.869 millones de € en para recapitalizar el sistema financiero español frente a los 84.600 de Alemania o los 88.500 de Gran Bretaña. De Guindos, cuando presentó su segunda reforma, dijo que la aportación del estado sería inferior en todo caso a los 15.000 millones pero solo quince días después tiene que poner 19.000 millones solo para Bankia. Tal y como es de confusa la información sobre la situación real de las entidades es difícil decir cuánto va a costar, pero existe un cierto consenso en que no menos de 60.000 millones de €. 

El tercer error fue no dejar claro cual va a ser el papel del estado en el proceso de saneamiento. Hacen falta muchos recursos que en la situación actual solo pueden ser aportados por las instituciones públicas. En vez de ir a trompicones, detrás de los acontecimientos, desdiciéndose cada día, el gobierno debe asumir esa realidad. 

Ahora bien, el saneamiento del sistema financiero no lo deben pagar los ciudadanos con sus impuestos. El dinero público tiene que ser recuperado en su totalidad porque el coste de la crisis finalmente lo tienen que asumir las entidades financieras que resulten del proceso de reestructuración del sector. Y por supuesto, exigir responsabilidades a todos los que provocaron ese brutal fiasco económico/financiero, desde los gestores a los supervisores pasando por los responsable políticos e institucionales. El cuarto error, y posiblemente el más grave, fue la falta de claridad, de determinación, del gobierno. Algo más que la sensación de que no había un plan, de que no sabían que hacer, que se trataba tan solo de ganar tiempo para ver si escampa. Y eso, lo único que hizo, fue agravar el problema. Tanto que algo impensable hasta hace unos días, la intervención de la economía española, es una dramática realidad desde el sábado 9 de junio. 


* Julián Valiente, es Secretario de Comfía de Galicia
*Manuel Lago, es economista del S.N. de CC.OO. de Galicia.



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