viernes, 17 de mayo de 2013

El juez envía a prisión al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa

El juez acusa a Miguel Blesa de haber llevado a Caja Madrid al colapso, el entonces presidente de la Caja pagó mil millones de dólares por un banco americano que valía la mitad

Antonio Asenjo .- El que fuera presidente de Caja Madrid entre 1996 y 2009, Miguel Blesa, ha ingresado esta noche en la prisión de Soto del Real después de no abonar los 2,5 millones de euros de fianza que le ha impuesto el juez Elpidio José Silva, titular del juzgado de instrucción nº 9 de Madrid, por la compra en 2008 del City National Bank of Florida (CNBF). La caja pagó 927 millones de dólares por una entidad que valía 581, según estimaciones del Banco de España, con unas pérdidas que en este momento ascienden a más de quinientos millones de euros.

El juez tomó declaración a Blesa ayer a las 13,40 horas y decretó su ingreso en prisión por dicha compra que, en su opinión, ha llevado a Caja Madrid al colapso. La adquisición del City National Bank se ejecutó el 7 de noviembre de 2008, menos de dos meses después de que Lehman Brothers, el cuarto mayor banco de inversión de Estados Unidos, se declarara en bancarrota, pese a lo cual la entidad madrileña pagó 927 millones de dólares por él. La compra se llevó a cabo sin ningún estudio estratégico o de viabilidad previos, pese a “la cognición (algo más que una sospecha) de que la aventura inversora fracasaría”, dice el juez.

En el auto en el que justificaba la citación del expresidente de Caja Madrid, se alude a un informe del Departamento de Inspección del Banco de España fechado el 19 de abril de 2010, que sostiene que el precio de compra excedió del pagado anteriormente por el Banco Popular y el Banco Sabadell por la compra de sendos bancos domiciliados también en Florida. Asimismo, había constancia de que los servicios de inspección del Tesoro de los Estados Unidos habían constatado “déficits muy relevantes” en la supervisión del equipo directivo del banco que habían dejado la entidad en una situación de “alto y creciente riesgo estratégico”, sin capacidad para hacer frente a la competencia en la actual situación de crisis. Con estas evidencia, el Banco de España determinó que el ritmo de crecimiento propuesto en su día por Caja Madrid para los ejercicios 2009 a 2014 estaba “seriamente desorientado, e ignora manifiestamente la atonía económica imperante”.

Con estas premisas, los responsables de la adquisición del City National Bank of Florida pueden haber incurrir en un delito de administración desleal ante la evidencia de que no se realizó un análisis “mínimamente solvente de viabilidad y de riesgo asumible”; se pagó “un sobreprecio”, y se eludió el control de la Comunidad de Madrid. Para el juez esta manera de proceder “incurre, como poco, en un nivel de ignorancia deliberada constitutivo, al menos, de dolo eventual”, por parte de quienes “de sobra gozan de experiencia en materia bancaria a nivel de expertos, de tal modo que no puede basarse el error en la mera ignorancia, sino en el incumplimiento de protocolos de eminente relevancia a la hora de aquilatar el riesgo asumible”.

El juez dice que lo ocurrido no es un evento fortuito ni algo inesperado, sino de una ausencia total de diligencia en la gestión de los fondos de Caja Madrid, “en la hipótesis más favorable al imputado Blesa”, al que acusa de haber conducido al colapso a la entidad financiera. “En definitiva –dice el auto- aquí la ‘tormenta perfecta’ no dependió de constantes climatológicas, sino del propio proceder del imputado Miguel Blesa”.

El instructor dice que de lo instruido hasta ahora no puede dilucidarse “con la suficiente determinación, ni las personas intervinientes respecto de la conducta imputada con la adquisición del CNBF”, ni si las mismas habrían incurrido en un delito de apropiación indebida o un delito societario.

El mismo juzgado que investiga la compra del mencionado banco norteamericano por Caja Madrid mantiene imputados a Miguel Blesa y a Gerardo Díaz Ferrán, expresidentes de la CEOE, actualmente en prisión por el ‘caso Marsans’, por un crédito de 26,6 millones que la entidad concedió al empresario de manera irregular.

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