miércoles, 20 de noviembre de 2013

El PP pretende secuestrar a la ciudadanía con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana

Para LA IZQUIERDA el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, pretende secuestrar a la ciudadanía con un anteproyecto de ley de seguridad ciudadana reformando la llamada -también polémica por regresiva- "ley Corcuera" con un endurecimiento de la misma.

Para LA IZQUIERDA el ministro pone el punto de mira en la protesta ciudadana contra las políticas del gobierno del PP. Lo que en la actual ley son faltas, serán delitos. Manifestarse sin autorización o los escraches pasaran a ser infracciones leves, graves o muy graves con la correspondientes sanciones que establece el también reformado código penal de Gallardón, con lo que supondría la posible privación de libertad. Con todo ello, desde el ministerio se pretende amordazar a los ciudadanos, silenciando las protestas y empujarnos al conformismo y la docilidad.

LA IZQUIERDA afirma que el propio Consejo Europeo ha llamado la atención al gobierno español sobre el excesivo uso de la violencia contra las manifestaciones ciudadanas por parte de las fuerzas de seguridad, y considera una violación de los derechos humanos las detenciones y los abusos de la policía, a la que el propio gobierno alienta, protege y, en ocasiones indultan a los que han sido condenados por malos tratos y abusos contra los detenidos.

Manifestarse es un derecho constitucional y este anteproyecto de ley supone una violación del mismo, con el que se busca amedrentar a los españoles con amenazas de multas, otra forma sutil de dominarnos, pues debido a la precariedad laboral y el paro, no podemos permitirnos ser sancionados.

LA IZQUIERDA considera que el Estado pretende criminalizar a los ciudadanos por ejercer su derecho a manifestar su desacuerdo con asuntos que le conciernen.

8.028 millones de euros, ese es el presupuesto del ministerio del interior, que supone un incremento del 1,3% y con el que el señor ministro pretende reprimir a los ciudadanos.

Desde LA IZQUIERDA consideramos que se trata de una ley autoritaria más propia de regímenes fascistas que de un estado democrático. Con ella el PP pretende secuestrar a la ciudadanía.

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