lunes, 16 de febrero de 2015

“Los militares deben ir a la cárcel común”



Entrevista a Alicia Lira Matus, presidenta de la “Agrupación de familiares de ejecutados políticos”.

Lira Matus afirma que en Punta Peuco, donde está el ex jefe de la Dina Manuel Contreras, los represores tienen privilegios. La referente de los derechos humanos espera que se apruebe el proyecto de anular la Ley de Amnistía.

Por Mercedes López San Miguel

En Chile las dos organizaciones emblemáticas de derechos humanos son Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos. Alicia Lira Matus, 65 años, es la presidenta de la segunda, por un tercer período. Esta mujer de baja estatura y mirada piadosa es una militante comunista y dirigente sindical que luchó contra la dictadura (1973-1990). El régimen pinochetista asesinó a su marido Felipe Rivera, también militante comunista, y detuvo a su hermano, que sobrevivió.

“Cuando matan a mi compañero yo me incorporo a la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos”, cuenta Lira Matus, una organización que nació en 1976 con el objeto de denunciar el terrorismo de Estado. “Mi situación represiva comienza en agosto de 1986. Detienen a mi hermano Diego Lira Matus. Felizmente lo encontré en La Serena, cuando vieron que nosotros exigíamos que apareciera. Estuvo incomunicado durante un mes. En ese lapso, secuestraron a mi compañero Felipe. Salí en campaña por la libertad de los prisioneros políticos.”

Desde entonces, Alicia Lira Matus trabaja por la verdad y la justicia de las víctimas de su país. “En 2008 nos dimos cuenta, a partir de los informes sobre Verdad y Reconciliación (Rettig, 1991) y sobre Prisión Política y Tortura (Valech, 2004), de que había cientos de casos impunes. Hemos presentado 1250 querellas, incluyendo casos de las fiscalías militares, ya que actuaron como juez y parte durante la dictadura.”

La cifra oficial en Chile es de 2296 asesinados políticos, pero Alicia Lira Matus asegura que son 3000. Era un interés de la dictadura tergiversar el relato, ocultar que había lanzado cuerpos al mar. “El cuerpo de la militante comunista Marta Ugarte aparece en la playa La Ballena. Los militares trataron de hacerlo pasar como un crimen pasional.”

Hay 262 represores procesados o condenados, incluido Manuel Contreras, el ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de Pinochet. “En Punta Peuco, donde está Contreras, los militares tienen su baño, Internet, mejores condiciones que otros presos. Es una cárcel con privilegios. Ellos tienen que ir a una cárcel común.”

Hace cinco años, el jefe del operativo que asesinó a su marido, Alvaro Corbalán, fue condenado a diez años de prisión. Pero la mayoría de los responsables de la muerte de Felipe Rivera recibieron penas remitidas, es decir, que la cumplen en sus casas con vigilancia. Ante esa situación, la presidenta de Familiares de Ejecutados Políticos hizo un pedido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la denegación de justicia ante un crimen de lesa humanidad. “Lo secuestran, lo torturan, lo matan y lo dejan tirado en la calle. No puede haber penas remitidas, que ellos duerman tranquilos en sus casas, ya que se trata de un crimen de lesa humanidad”, sostiene Lira Matus, que aún espera la respuesta del organismo judicial dependiente de la OEA.

El gobierno de Michelle Bachelet presentó en septiembre un proyecto para anular la Ley de Amnistía, de 1978, que exime de responsabilidad penal a las personas que cometieron violaciones a los derechos humanos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978. Si bien algunas sentencias eludieron la ley, el hecho de que siga existiendo es incompatible con las obligaciones internacionales de Chile en materia de derechos humanos.

“A 42 años del golpe, afirma Lira Matus, los testigos se están muriendo y los victimarios mueren en la impunidad o tranquilamente en sus casas. El ejército de Chile sigue manteniendo un pacto de silencio. No hay arrepentidos. Por eso anular la Ley de Amnistía sería un paso muy importante y lo avala la condena de la CIDH en 2006 en el caso de Arellano.”

La CIDH condenó al Estado chileno por la aplicación de la Ley de Amnistía en el caso del asesinato del profesor y militante comunista Luis Alfredo Almonacid Arellano. A partir de ese fallo muchos jueces dejaron de aplicar dicha norma, señala Lira Matus. “Son 13 los magistrados que investigan y van a fondo. Pero cuando las causas llegan a la Corte de Apelaciones o a la Corte Suprema se demoran o las penas son reducidas. Hay jueces que no tienen la sensibilidad ni el compromiso de avanzar con las causas.”

Lira Matus agrega un dato: falta encontrar los restos de 800 personas. “La búsqueda ha sido siempre la de los familiares. Cuando aparecen unos restos, los obreros de la construcción se contactan con nosotros.” Y le preocupa que a través de los símbolos los militares reivindiquen sus crímenes. “Cuando el ejército le pone a la biblioteca de la escuela militar el nombre de Pinochet Ugarte está reivindicando lo que hicieron. Hace poco más de un año, la armada de Valparaíso erigió una estatua a Ameguino, el comandante en jefe de la marina de la dictadura.”

No deja de sorprender que el 10 de diciembre pasado, Día Internacional de los Derechos Humanos y cuando se cumplían ocho años de la muerte de Pinochet, un senador de la ultraderecha pidiera hacer un minuto de silencio en homenaje al dictador.


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Los comentarios serán publicados una vez moderados.