sábado, 6 de junio de 2015

La lucha contra la pobreza ha de preceder a cualquier otra prioridad



La recuperación económica va a aumentar, está aumentado ya, los ingresos del Estado. Ese dinero se tiene que destinar a luchar contra la pobreza y la desigualdad y no a reducir el déficit y la deuda pública ni a bajar los impuestos para las clases medias y medio-altas
 



La pobreza en la que está sumida más de una cuarta parte de los españoles parece no inquietar al conjunto de la sociedad. Tampoco es un aspecto prioritario, ni mucho menos, del intenso quehacer político de estos días. Sí, los partidos de izquierdas, con notable diferencia de intensidad según los casos, se refieren al asunto, o a aspectos del mismo, en sus programas. Algunas candidaturas de unidad popular quieren tomar medidas puntuales al respecto en cuanto entren en los ayuntamientos. Pero el problema de la pobreza en España está muy por encima de eso. Y para hacerle frente sería preciso un muy amplio y drástico plan de emergencia que debería ser la prioridad política número uno del país. Y como el PP no lo va a hacer, debería ser el punto principal de los programas de cambio para las elecciones generales.
No se puede decir que no haya información sobre esa catástrofe social. Los medios de comunicación no dejan de reseñar informes que concluyen que cerca del 30 % de los españoles está en riesgo de sufrir pobreza o que ya están inmersos de lleno en ella. Que los ingresos de más del 40 % no les dan para llegar a fin de mes. Que cerca de dos millones de nuestros conciudadanos no perciben ingreso alguno. Que un porcentaje creciente de niños sufre problemas de desnutrición.
Cuando esas cifras salen a la luz, quienes tienen el privilegio de poder opinar en público se ocupan de ellas. Pero prácticamente sin excepción, el asunto queda olvidado al día siguiente. Además, y más allá de alguna manifestación de aflicción circunstancial y pasajera, el debate que ha generado suele terminar por ser un ejercicio de atribución de responsabilidades a este gobierno o al que lo precedió, según sea la adscripción del interviniente. Los portavoces oficiales de los partidos no suelen pasar de ahí. Con lo que la pobreza se queda en una anécdota, en uno más de los temas, casi nunca el primero, de la escaleta de un programa televisivo.
Se quiera o no, el debate ciudadano, lo que la gente comenta en la calle, no puede sino seguir esa pauta. Porque la gente habla de lo que escucha en los medios y porque aparca el problema si nadie le dice que puede haber solución para el mismo. El drama del paro o de la postergación social que afecta cerca de 12 millones es conocido directamente por otros tantos o muchos más. Porque tienen familiares, vecinos o amigos metidos de lleno en él. Pero a falta de alternativas, salvo la que cada cual, por su cuenta, pueda tratar de encontrar, el asunto queda dentro del marco de la privacidad familiar y no pocas veces tiende a ocultarse como si de un baldón social se tratara. No hay clamor social contra la marginación.
Eso, cuando menos, es lo que ha ocurrido hasta ahora y durante los seis años largos que llevamos de crisis. Pero ya hay indicios de que algo empieza a cambiar al respecto. El significativo desplazamiento del voto que se ha registrado en muchos barrios populares de las grandes ciudades a favor de partidos que habían colocado la pobreza y la desigualdad en el frontispicio de sus programas, particularmente Podemos y sus coaliciones, indica que está creciendo la sensibilidad social por el problema.
Algunos analistas, no precisamente de izquierdas, –entre ellos Antón Costas, presidente del Círculo de Economía de Barcelona–, han ido más allá y han planteado la hipótesis de que cuando la recuperación económica empieza a ser una realidad una explosión social es mucho más posible que durante los años en los que la crisis paralizaba ahora todo movimiento. La experiencia histórica, en España y fuera de nuestras fronteras, confirma que esos estallidos se producen cuando las cosas van a mejor y no cuando peor están.
Porque en una situación de avance económico, los marginados, las víctimas de la crisis, tienden a creer que ha llegado el momento de exigir que los beneficios de la recuperación lleguen también a los que menos tienen. Y también el de que se les pague la deuda social que los gobiernos han contraído con ellos por haberles hecho pagar los recortes y los sacrificios que han servido para salir de agujero.
Y en España la desigualdad en el reparto del esfuerzo ha sido mucho mayor que en ningún otro país de nuestro entorno. Los recortes no sólo en sanidad y educación, sino sobre todo en asistencia social y en subsidios a los excluidos han batido todos los récords de la UE. El porcentaje de perceptores del seguro de desempleo ha caído del 75 a casi el 50 % del total de parados en pocos años. Sólo un tercio de los hogares que carecen de ingresos acceden a las rentas mínimas que pagan las comunidades autónomas (En Castilla-La Mancha no llega al 5 %). El déficit público se ha ido recortando a costa de los más pobres y sin reducir un euro las ingentes cantidades que han ido a sanear el sistema financiero.
Esa dinámica tiene que cambiar radicalmente. Y no tanto por el riesgo de una explosión social o por la evidencia, denunciada, entre otros por el FMI, de que la recuperación no avanzará mucho mientras haya tanta desigualdad y casi un tercio de la población esté dentro del territorio de la pobreza. Sino porque llega un momento en que una sociedad no puede convivir con ese desastre. No puede seguir mirando para otro lado cuando comprueba sus efectos en personas que se conocen o a las que se ve vagando por las calles o comprando miserias en los supermercados. Aunque no nos acordemos, a veces la colectividad también reacciona por motivos éticos.
Y deberíamos estar en vísperas de uno de ellas. La recuperación económica va a aumentar, está aumentado ya, los ingresos del Estado. Ese dinero se tiene que destinar a luchar contra la pobreza y la desigualdad y no a reducir el déficit y la deuda pública ni a bajar los impuestos para las clases medias y medio-altas. Íntegro. Digan lo que digan Bruselas, el FMI o los banqueros. Para que la renta mínima llegue a todos los que carecen de ingresos. Para que todos los parados perciban el seguro de desempleo. Para que las escuelas no tengan que cerrar sus comedores. Para poner en práctica nuevos programas de ayuda. Para garantizar que nadie se va a quedar sin vivienda. Para crear redes de apoyo a los marginados. Y esa es la bandera que hay alzar para ganar las elecciones generales. 
Fuente: eldiario.es




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