viernes, 17 de julio de 2015

Posición del PCE sobre la situación en Grecia y la Unión Europea

El Partido Comunista de España ha mantenido y mantiene el principio de respeto a la autonomía de actuación de las organizaciones progresistas, obreras y de izquierdas del resto de países del mundo y a la comprensión de la existencia de diferencias de análisis; sin embargo, es evidente la vinculación entre los procesos desencadenados en Grecia y en España en los últimos años, y en cómo los pueblos de ambos países sufren agresiones similares por parte de los grandes poderes capitalistas. En consecuencia, se hace necesario, a partir de los acontecimientos de estos días, transmitir una serie de consideraciones acerca del resultado del proceso de negociaciones entre Grecia y la Unión Europea (sin olvidar la participación del FMI) acerca de la cuestión de la deuda pública griega y la aplicación de un paquete complementario de medidas económicas en el país heleno.

Los hechos de las últimas semanas sirven para confirmar, de forma absolutamente clara, la naturaleza de la UE: siguiendo lo definido en nuestro XIX Congreso, la actual Unión Europea es, en estos momentos, la máxima expresión político – institucional de la constitución de un bloque imperialista específicamente europeo. Los objetivos y funcionamiento de la UE están definidos al servicio de un poder oligárquico de raíz financiera, concentrable geográficamente en la región centroeuropea pero que en realidad abarca también al conjunto de poderes capitalistas en el resto de países de la Unión (incluyendo, por supuesto, a España).

En el núcleo del proyecto de integración regional europeo se encuentran, actualmente, tres claves: la aceleración de la aplicación de la solución neoliberal a la crisis capitalista en el conjunto de países de la Unión, procurando laminar toda objeción, sea por parte de los poderes económicos locales o de las capas populares; la acentuación del poder de su núcleo dominante frente a los pueblos europeos (principalmente en la periferia geográfica, pero también frente al resto de países); y, finalmente, la aplicación de una estrategia de confrontación económica y política contra el resto del planeta y en especial contra los países emergentes, a lo cual se relaciona en especial el refuerzo de la alianza con los Estados Unidos a través del TTIP. Por su trascendencia interna y global, y por su urgencia, la lucha contra el Acuerdo Transatlántico debe ser así una de nuestras prioridades, ligada al análisis de los acontecimientos que se desarrollan tanto en Grecia como (de forma todavía menos aguda) en otros países de la Unión.

Si quedaban dudas algunas acerca de la posición de la UE, la actuación de ésta, especialmente en los últimos años, tanto en su propia periferia occidental y meridional (Chipre, España, Grecia, Irlanda, Portugal) como en su esfera de influencia oriental en construcción (caso de Ucrania) las despeja definitivamente: el supuesto carácter amable de las instituciones de la Unión se convierte en una fuerza implacable al servicio de los intereses del núcleo capitalista, arruinando poblaciones, torciendo las voluntades democráticas y desestabilizando económica y políticamente todo país en el que atisbe cualquier resistencia. Así, la Unión Europea y los poderes regionales que la conforman se caracterizan por aplicar una política implacable de proyección de poder, revelando la falsedad de la retórica de integración equitativa de la UE – difundida como supuesta seña de identidad del llamado “proceso de construcción europea”.

De esta manera, el día 13 de julio, el gobierno griego aceptó, bajo las fuertes presiones de Alemania y de Francia, de la Comisión Europea y del Eurogrupo, un pacto leonino, tras una dura lucha de cerca de seis meses. La amenaza de expulsión de Grecia de la Eurozona ha sido el arma de chantaje que se ha utilizado para una capitulación, que va a tener consecuencias sin duda difíciles para Grecia, negando de raíz la idea de una Europa unida y pacífica, solidaria e igualitaria por la que la mayoría social del continente ha luchado durante muchas décadas.

El acuerdo ataca otra vez a la economía y al pueblo griego, con la continuación de las políticas de austericidio y la renuncia por tanto a ser un estado soberano. Y ello es así a pesar de que, según lo afirmado por el gobierno griego, se contemple con este acuerdo la posibilidad de evitar momentáneamente la asfixia o el colapso financiero, de una reestructuración futura de la deuda o de la conservación de leyes aprobadas que afectan a empleados/as del sector público. Y con todo, de forma terriblemente paradójica, la cuestión es que, a partir de la aplicación del propio contenido del acuerdo, es de es esperar que la deuda griega aumente, que la situación económica del país siga empeorando; del mismo modo, el discurso oficial de la “salvación” del euro (que el ministro Guindos ha también enunciado, entre otros) se denota claramente como falaz, dada la posibilidad de que la situación límite de Grecia se reproduzca en otros países del sur de Europa.

Consideramos que la aplicación del paquete de medidas económicas acordadas en Grecia (que no es más que la continuación y profundización del proceso sufrido por el pueblo heleno desde 2010) conlleva profundas y negativas consecuencias económicas, políticas y sociales para este país. Las reformas en las pensiones (con el déficit cero como horizonte) y en el ámbito laboral acordadas con la UE, así como la subida del IVA (por apuntar algunas de las medidas más significativas), apuntan directamente a la culminación del proceso de aplicación de la salida antisocial en Grecia a la crisis (también en beneficio de los poderes capitalistas griegos) mediante la garantía de la sumisión de los trabajadores al capital, con la plena efectividad de las medidas de presión económica (cargando así, una vez más, contra los salarios).

Del mismo modo, el daño que se produce a lo que queda de soberanía económica griega es decisivo, a la luz del paquete acordado, debido a la imposición de un masivo programa de privatizaciones que colocará al conjunto de ramas económicas fundamentales del país (transportes, telecomunicaciones, energía, sector bancario, entre otras), todavía en manos públicas, como propiedad de los grandes capitales de la UE: no debe minusvalorarse esta cuestión, puesto que un sector público capaz y desarrollado es una de las claves fundamentales para el avance de toda política transformadora que quiera tener una mínima significación. Igualmente, como parte de esta misma estrategia de “toma” del país por parte de la UE, se procura la desregulación y la “apertura” de los mercados al exterior, acelerando el proceso de concentración y centralización de capitales. La consecución de todas estas medidas conlleva, simple y llanamente, convertir definitivamente a Grecia en una semi-colonia económica de la UE.
Del mismo modo, no cabe más que constatar la posición colaboracionista del gobierno del Partido Popular, con Rajoy a la cabeza, con la estrategia y acciones de la UE hacia Grecia, en un fiel correlato con la política de laminación de los derechos laborales y sociales de la clase trabajadora llevada a cabo en España. Esta posición del gobierno español como lacayo del gobierno de Angela Merkel ha de ser castigada por la ciudadanía de nuestro país en la calle y en las urnas, ya que, al aceptar ser cómplice en el nuevo intento de destruir a Grecia y de atacar a la democracia y machacar más a un pueblo que ya se encuentra en una situación social terrible, demuestra su verdadera catadura política y moral.

El problema fundamental en estos momentos, se encuentra en que, simple y llanamente, no es posible “gestionar” el paquete de medidas rabiosamente neoliberal acordado con la Unión Europea. El carácter integrado, completo y comprehensivo de este paquete (no sólo porque así sea exigido por las instituciones de la Unión, sino por su propia naturaleza), hace que sea directamente imposible limitar en un grado mínimamente significativo su alcance. Tampoco es real apelar a la posibilidad de alcanzar un nuevo “crecimiento” económico en Grecia a través de la llegada de supuestas inversiones exteriores adicionales, con el cumplimiento del paquete; no sólo es improbable que esto ocurra, sino que, aunque pasase, la nueva actividad económica se desarrollará sobre las condiciones e intereses de los inversores extranjeros, sobre un grado aún mayor de explotación de los trabajadores, no sobre las necesidades del pueblo griego. Y es aún menos verdad el asumir la salida del país de la Eurozona, aun de forma sobrevenida, como antesala a un auténtico apocalipsis económico y social, sin que por ello no deje de ser un escenario sumamente complejo en su desarrollo. La aplicación del paquete de medidas sólo se puede perpetuar el carácter periférico y dependiente de la economía de Grecia respecto del núcleo capitalista de la UE.

La “gestión” de la barbarie neoliberal ha sido el propósito de la socialdemocracia europea en el pasado reciente, con un desarrollo incoherente desde el principio y clamorosamente fallido en su resultado final, lo que ha contribuido justamente a la decadencia política de ésta en la actualidad y a la consolidación de su posición subordinada dentro de la alianza que mantiene con las fuerzas conservadoras y liberales en la UE. El desarrollo de la situación de crisis en Grecia lleva a asimilar una lección crucial: sólo se resiste al poder de la Unión Europea con la recuperación de una soberanía popular real, lo cual pasa a través del control público de las palancas económicas básicas (entre las que se encuentran, entre otras, los mecanismos capaces de contrarrestar las acciones de guerra financiera contra el país); del mismo modo, no puede asimilarse el mantenimiento en la Unión Económica y Monetaria o en la propia Unión Europea como un principio dogmático, sino que se asocia a la salvaguarda de los derechos, intereses y necesidades vitales del pueblo.

Finalmente, es necesario no caer en la trampa de aceptar, implícitamente, que el rechazo al paquete de medidas acordado (lo que supone el rechazo a los anteriormente aplicados) supone un espaldarazo a los intereses de los distintos poderes capitalistas nacionales. Efectivamente, es más que necesario en los países del sur de Europa el planteamiento de una política de transformación económica, política y social profunda: sólo que el contenido de estos cambios nada tiene que ver con la retórica de las “reformas” tal y como es aceptado como lugar común en buena parte de UE, sino con actuaciones al servicio de la mayoría social europea. Así pues, la apuesta del PCE, de acuerdo a lo determinado en las Tesis Políticas del XIX Congreso, como programa urgente de medidas económicas y políticas en España frente al euro, las políticas de ajuste y el proyecto neoliberal en Europa, es la que sigue:

1. La realización de una auditoría de la deuda por medio de la habilitación de mecanismos activos de participación social.

2. Rechazar el pago de la deuda ilegítima, entendida como el déficit no generado para la financiación de los servicios públicos y de las políticas de protección social.

3. Sobre esta decisión soberana de impago de la deuda ilegítima, iniciar un proceso de renegociación de la deuda pendiente, sobre la base del rechazo al Pacto de Austeridad europeo, con el objetivo de evitar que el pago de la deuda suponga un agravamiento de las condiciones de vida y de trabajo de los sectores populares y de las personas trabajadoras.

4. Oposición a la intervención de nuestro país por parte de los poderes económicos europeos y rechazo a cualquier “memorando”, bien sea impuesto por un pretendido “gobierno de salvación nacional” bien por medio de un “gobierno tecnocrático”.

5. Impulsar la creación de un bloque regional de países deudores que genere un especio unitario de fuerza frente a los acreedores financieros.

Esto conduce a la necesidad de avanzar hacia la consecución de una amplia alianza europea que confronte de forma unitaria contra una Unión Europea que ha quedado en evidencia. Las fuertes movilizaciones que se han conseguido en muchos puntos de Europa, movilizaciones que hacía muchos años que no se daban, y en la que mucha gente ha participado, no sólo por solidaridad sino por ver el peligro para sus propios países, demuestran que este espíritu empieza a calar.

Ante esta situación, el PCE no puede dejar de contemplar el admirable ejemplo mostrado por los pueblos de América Latina desarrollando un modelo de integración regional de carácter solidario y arquitectura institucional horizontal, basándose en la unidad popular, el impulso de los procesos constituyentes y la recuperación de la soberanía popular, frente a las oligarquías locales, la estrategia neoliberal y el poder imperialista.

Ha llegado la hora de los pueblos del conjunto de Europa para ser también constructores del futuro; este proceso avanzará con rapidez en el continente con el refuerzo de los lazos de solidaridad, especialmente (pero no sólo) en el sur. No cabe duda de que se trata de una senda difícil y, naturalmente, incierta; sin embargo, la certidumbre de lo que depara a los pueblos con el nuevo orden de Bruselas ha de servir para despejar dudas y comenzar a andar.

Madrid, a 16 de julio de 2015


Fuente: www.pce.es

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